La medida judicial, emitida el 16 de octubre de 2026 mediante el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 2245, responde a la revocación de la libertad condicional de la que gozaba el encausado, luego de que saliera a la luz que enfrenta una nueva imputación por el supuesto delito de soborno agravado en grado de tentativa.

La causa judicial contra Colman Gamarra se remonta al 30 de diciembre de 2018, cuando cerca de las 23:00 horas fue señalado de haber perpetrado un ataque con arma de fuego desde una motocicleta en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero, acabando con la vida de Isabelino Ramón Arguello Soria.

Días después, el 11 de enero de 2019, agentes policiales lo aprehendieron tras una persecución en la que el acusado intentó resistirse. En su poder se encontró una pistola Glock calibre 9 mm modificada con selector de tiros y un cargador extendido con 33 cartuchos. Por esta posesión no autorizada, el Tribunal de Sentencia lo condenó a 9 años de pena privativa de libertad bajo la figura de detentación de armas.

Aunque su condena debía compurgarse totalmente el 21 de octubre de 2028, el Juzgado le otorgó el beneficio de la libertad condicional el 23 de diciembre de 2025 bajo estrictas reglas de conducta, incluyendo la prohibición de cometer nuevos hechos punibles y de salir del país.

Sin embargo, el 18 de septiembre de 2026, el Ministerio Público comunicó formalmente al Juzgado de Ejecución que Colman Gamarra afronta un nuevo proceso penal iniciado en mayo de ese mismo año por soborno agravado en grado de tentativa. Ante esta transgresión, la jueza Gómez Leiva revocó la libertad condicional mediante el A.I. N.º 2075 del 21 de septiembre de 2026 y ordenó su captura inmediata.

Notificación a la INTERPOL

Al constatarse a través del sistema penitenciario (SIPPY) que Colman Gamarra no se encuentra privado de libertad y ante el riesgo de que haya abandonado el país, el agente fiscal Ángel Román Noguera Orrego solicitó elevar el pedido a instancias internacionales.

El juzgado dispuso la comunicación urgente a la Oficina Central de INTERPOL Paraguay y a la Dirección General de Migraciones para gestionar la difusión roja en el extranjero —con sospechas de desplazamiento hacia países fronterizos como Brasil, Argentina o Bolivia—, a fin de posibilitar su inmediata detención preventiva y posterior trámite de extradición para el cumplimiento del resto de su condena.