Durante la sesión plenaria de este miércoles, la máxima instancia judicial debatió la situación del recurso de reconsideración planteado por la defensa de Sánchez Zaracho. Inicialmente, la CSJ había postergado el estudio de esta medida, condicionándola a la espera de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolviera un recurso planteado de forma paralela sobre el mismo caso. Sin embargo, la secretaría de la Corte informó al pleno que, tras verificar las grabaciones y realizar las averiguaciones pertinentes, se constató que el órgano extrapoder no abordó el tema en su última sesión ni emitió disposición alguna.

Ante ese escenario, el ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay, César Diesel intervino para proponer un cambio de postura que evite más dilaciones. Diesel planteó que la Corte analice y resuelva el recurso de reposición en su sesión del próximo miércoles, independientemente de la actuación del JEM, utilizando "los elementos que tengamos".

Esta moción fue respaldada de forma unánime por el pleno. Como medida de rigor, los ministros acordaron que se realizará un último contacto con el JEM entre el martes y la primera hora del miércoles para verificar si existió algún fallo de último momento; de no ser así, la Corte abordará el recurso como el siguiente punto de su orden del día.

El trasfondo del enjuiciamiento 

Los recursos que la defensa intenta destrabar en la Corte y en el JEM buscan revertir el duro revés que sufrió el magistrado recientemente. Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, en su rol de juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), fue suspendido en sus funciones sin goce de sueldo por la CSJ el pasado 7 de octubre de 2026.

Esta sanción disciplinaria fue la consecuencia directa de la decisión del JEM, que semanas antes, el 17 de septiembre, le retiró los fueros y oficializó el inicio de un proceso por presunto mal desempeño en sus funciones.

El escándalo judicial tiene su origen en una polémica resolución firmada en octubre de 2023. En aquella ocasión, Sánchez Zaracho ordenó la venta en subasta pública de un complejo de propiedades comisadas que formaban parte del esquema de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias "Cabeza Branca".

Por ello, el Ministerio Público, imputó al magistrado por lavado de activos (frustración de comiso), ya que el magistrado habría librado los oficios correspondientes para inscribir los valiosos inmuebles a favor del Grupo Paraná SA, ignorando deliberadamente las notificaciones formales de la Fiscalía. Estas advertían expresamente que los bienes contaban con medidas cautelares firmes y debían permanecer bajo el estricto resguardo del Estado paraguayo.