El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó este jueves su renuncia indeclinable al cargo, luego de confirmarse que su hermano, el abogado Rodney Maciel Guerreño, ejerce la defensa de uno de los internos alojados en un sector no habilitado del Centro Penitenciario de Reinserción Martín Mendoza, de Emboscada. El hallazgo se produjo durante las requisas realizadas tras la fuga de dos reclusos el pasado domingo 25 de octubre.

La dimisión se produjo en medio de una investigación centrada en la evasión de los internos y derivó en el descubrimiento de espacios de alojamiento irregulares en la planta alta del Módulo 7, donde varios reclusos disponían de electrodomésticos y otras comodidades que no estaban autorizadas. Parte de los internos debía permanecer en el Módulo 8, destinado a personas sometidas a un régimen de máxima seguridad. 

Maciel justificó su salida por razones éticas y por la necesidad de evitar cuestionamientos sobre la transparencia de las actuaciones. “La única decisión viable es renunciar, porque de ahí en más se va a generar una serie de especulaciones y dudas”, sostuvo.

El exviceministro afirmó que desconocía que su hermano representaba legalmente a uno de los internos cuando fue consultado previamente por la prensa. Admitió que respondió negativamente sin haber verificado exhaustivamente la información y explicó que no interviene en los asuntos profesionales de su familiar ni conversa con él sobre los casos que lleva.

Dos internos escaparon y quedaron al descubierto otras irregularidades

La crisis penitenciaria se desencadenó con la fuga de Éver Alejandro Ozuna López, alias Tanchí, y Robert Arsenio Merlo Villalba, quienes escaparon de la celda 10 del Módulo 7 durante la madrugada del domingo 25 de octubre.

De acuerdo con los datos divulgados por las autoridades, los internos cortaron dos barrotes de una ventana y utilizaron cuerdas improvisadas con sábanas y frazadas para descender primero una muralla interna y luego la perimetral. La evasión fue detectada entre cinco y seis horas después de haberse producido. 

Ozuna López cumplía una condena de 28 años de prisión por secuestros, mientras que Merlo Villalba fue vinculado al narcotráfico. La fuga motivó la intervención del establecimiento y la apertura de investigaciones administrativas y penales. 

Durante las posteriores requisas, las autoridades detectaron que varios internos ocupaban la planta alta del Módulo 7, un sector que todavía no estaba habilitado. En el lugar encontraron electrodomésticos de cocina, ventiladores, un parlante y cigarrillos, entre otros elementos. Además, se constató que al menos tres de los internos tenían resoluciones judiciales que ordenaban su permanencia en el Módulo 8.

Las autoridades indicaron que el traslado de una persona privada de libertad de un módulo a otro requiere procedimientos administrativos, formularios y autorizaciones. La investigación deberá determinar cómo se permitió la ocupación del sector no habilitado y quiénes autorizaron o facilitaron esos movimientos.

Fiscalía busca determinar responsabilidades

El Ministerio Público, bajo la intervención de la fiscal Fabiola Sosa, avanzó con diligencias para reunir documentación, revisar registros internos y acceder a grabaciones del circuito cerrado del establecimiento. La agente fiscal se constituyó en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, en Asunción, para recabar elementos relacionados con la investigación. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención del penal y abrió un sumario contra seis funcionarios penitenciarios. Cuatro de ellos fueron detenidos inicialmente ante las sospechas de una posible complicidad en la fuga. 

Maciel aseguró que está dispuesto a colaborar con las pesquisas y que su renuncia busca evitar cualquier duda sobre la independencia de la investigación.