La resolución fue dictada el 10 de noviembre por el juez Álvaro Rojas, quien hizo lugar al pedido de anticipo jurisdiccional de prueba presentado por la agente fiscal Sarita Bonzi García, en el marco de la investigación por presunta tenencia y comercialización de drogas peligrosas.

La diligencia tiene como finalidad recuperar posibles evidencias almacenadas en los dispositivos, entre ellas fotografías, videos, mensajes de texto y audios que puedan guardar relación con los hechos investigados. La orden judicial también contempla la revisión de conversaciones de WhatsApp y otras redes sociales, así como la extracción y conservación de los archivos encontrados en un dispositivo externo.

Los aparatos sometidos a pericia son dos teléfonos iPhone, modelos 12 y 7, pertenecientes a Fredy Alberto Figueredo López, y un Samsung Galaxy J2 Prime, propiedad de Blas Antonio Figueredo López. Los dos primeros dispositivos cuentan con líneas de la empresa Personal.

Para realizar el procedimiento fue designada la perito Rosa Virginia Flor Ramírez, del Laboratorio Forense del Ministerio Público. La profesional deberá comparecer el próximo 3 de diciembre, a las 11:30, ante el juzgado para prestar juramento y aceptar formalmente el cargo.

Un arsenal oculto entre víveres

Los hermanos Figueredo López fueron detenidos durante la Operación Arma Mortal, ejecutada en una vivienda de Pedro Juan Caballero, donde los agentes antidrogas descubrieron 30 fusiles de guerra ocultos debajo de un cargamento de víveres. Durante el procedimiento también fueron incautadas dosis de marihuana, dinero y vehículos.

De acuerdo con los datos de la investigación, Blas Antonio Figueredo López, de 33 años, sería el presunto líder de una organización dedicada al tráfico internacional, mientras que su hermano Fredy Alberto, de 38 años, cumpliría funciones dentro de la estructura logística.

Tras ser trasladados a Asunción, ambos quedaron bajo prisión preventiva por disposición de la jueza especializada en Crimen Organizado, Lici Sánchez, a principios de septiembre.

Ahora, los investigadores buscan que el análisis de los dispositivos permita identificar eventuales contactos, operaciones, compradores y otras personas que podrían estar vinculadas con la presunta red criminal que operaba en la frontera. Los resultados de la pericia podrían aportar nuevos elementos para determinar el alcance de la organización y las responsabilidades de sus integrantes.