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Decretan prisión preventiva para brasileño imputado por abuso sexual infantil en Pedro Juan Caballero

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El juez Juan Martín Areco Torraca dispuso el traslado del procesado a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. La defensa alegó que el hombre padece un trastorno mental y solicitó medidas alternativas, pero el magistrado consideró que no existen garantías suficientes de su sometimiento al proceso.

El juez penal de Garantías Juan Martín Areco Torraca decretó la prisión preventiva de Braz Bernardo de Oliveira, brasileño de 62 años, imputado por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. La resolución fue dictada este 16 de noviembre de 2026 y dispone su traslado inmediato a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la madre de un niño de 7 años, por un presunto hecho ocurrido el pasado 13 de noviembre. Tras la intervención de agentes de la Comisaría Primera, el sospechoso fue aprehendido y posteriormente imputado por la fiscala Sandra Cecilia Díaz, de la Unidad Penal VI, mediante el Acta N.º 101, presentada el 15 de noviembre.

Oliveira, de profesión jornalero y oriundo de Maracaju, Brasil, residía en el barrio Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero. Durante la audiencia de imposición de medidas cautelares, su defensa, ejercida por la abogada Ramona Núñez Sanabria, solicitó que se le concedieran medidas alternativas a la prisión preventiva.

Entre los argumentos expuestos, la defensa alegó que el imputado padece un trastorno de salud mental que habría provocado un desarrollo psíquico incompleto o una grave perturbación de la conciencia, por lo que, según sostuvo, no tendría capacidad para comprender la antijuridicidad de sus actos, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Penal.

Para respaldar el pedido de medidas alternativas, la abogada presentó documentaciones traducidas y una factura de la ANDE, con la intención de acreditar el arraigo del procesado. Sin embargo, el magistrado consideró que esos elementos no eran suficientes para garantizar su sometimiento al proceso y señaló que tampoco se ofreció una fianza real.

El juez fundamentó la prisión preventiva en la gravedad del hecho investigado y en la etapa incipiente de la investigación, al considerar que existen riesgos procesales de fuga y de obstrucción de actos concretos de investigación.