El Consejo de la Magistratura conformó la terna de candidatas para ocupar el cargo de agente fiscal de la unidad penal de Pedro Juan Caballero. La nómina está integrada por Vidalia Azucena Ortega, Katia Estela Uemura Cabañas y Sandra Paola Trinidad Cassera, cuyas trayectorias presentan perfiles diferentes, tanto en puntuación como en exposición pública.

La nómina está integrada por Vidalia Azucena Ortega, quien obtuvo la mayor calificación con 606,66 puntos; Katia Estela Uemura Cabañas, con 596 puntos; y Sandra Paola Trinidad Cassera, con 455,88 puntos.

Vidalia Ortega, la mejor puntuada

Vidalia Azucena Ortega encabeza la terna con 606,66 puntos. Su trayectoria se caracteriza por un perfil técnico y administrativo, con experiencia como asistente fiscal en Amambay y participación en el ámbito académico como tutora de investigaciones de posgrado.

Su carrera se ha desarrollado principalmente dentro de las estructuras institucionales del Ministerio Público, sin que se hayan identificado controversias públicas de relevancia en los antecedentes disponibles.

La puntuación obtenida la posiciona como la candidata mejor calificada del concurso, aunque la decisión definitiva dependerá de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Katia Uemura y una trayectoria marcada por denuncias y controversias

Katia Estela Uemura Cabañas, quien obtuvo 596 puntos, es la postulante con mayor exposición mediática de la terna. Su nombre ha estado vinculado a diversos cuestionamientos desde su desempeño como agente fiscal antidrogas en Pedro Juan Caballero.

Uno de los antecedentes más relevantes se remonta a octubre de 2015, cuando la Asociación de Abogados del Amambay presentó una denuncia formal contra Uemura por presuntamente no inhibirse en tres causas en las que su entonces esposo, el abogado Daniel Montenegro Menesez, ejercía la defensa de procesados por narcotráfico.

Según las publicaciones de la época, los denunciantes cuestionaron la supuesta intervención de la fiscal en expedientes en los que existía un posible conflicto de intereses derivado de la actividad profesional de su pareja. También solicitaron su traslado a otra unidad fiscal.

La denuncia, sin embargo, no derivó en una sanción conocida y el caso terminó sin consecuencias disciplinarias reportadas.

Otro episodio se registró en 2018, cuando Uemura enfrentó un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por supuesto mal desempeño de funciones. La investigación estaba relacionada con la liberación de dos personas detenidas con aproximadamente 50 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero. La Corte Suprema de Justicia había dispuesto su suspensión en el marco de ese caso.

Este antecedente adquiere especial relevancia debido a que la postulante vuelve a concursar para asumir una unidad fiscal en una región donde la persecución de los delitos vinculados al narcotráfico constituye una prioridad institucional.

En 2021, Uemura también fue mencionada entre los agentes fiscales afiliados al Partido Colorado que participaron de las internas partidarias. La situación fue objeto de cuestionamientos ante el JEM, en el marco de las denuncias sobre la participación política de operadores de justicia.

A estos antecedentes se sumaron sus declaraciones sobre el asesinato del periodista Humberto Coronel, ocurrido en septiembre de 2022 en Pedro Juan Caballero.

En aquella oportunidad, Uemura sostuvo que el comunicador, quien había recibido amenazas, debía resguardarse y evitar exponerse. Sus expresiones, particularmente la frase de que el periodista se estaba “regalando”, provocaron una fuerte reacción en el ámbito periodístico.

La entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso que Uemura fuera apartada de la investigación del asesinato. Posteriormente, la funcionaria pidió disculpas a la familia del comunicador.

Pavo Real Py: el escándalo que puso su nombre en el ámbito nacional

El episodio de mayor repercusión mediática ocurrió el 10 de julio de 2023, durante el operativo Pavo Real Py, desplegado por la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público para desarticular la estructura financiera vinculada al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

Durante los procedimientos fue allanada la residencia de Uemura en Pedro Juan Caballero y detenido su entonces esposo, Daniel Montenegro Menesez, bajo sospecha de integrar el esquema de lavado de dinero de la organización criminal.

De acuerdo con la imputación fiscal Montenegro habría cumplido funciones administrativas y financieras dentro de la estructura, realizando operaciones inmobiliarias y transacciones bajo instrucciones de integrantes del clan Pavão.

El abogado fue imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal, y posteriormente permaneció bajo prisión preventiva por decisión judicial.

La detención de Montenegro motivó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analizara los antecedentes de Uemura y abriera una investigación preliminar para determinar si existían elementos que justificaran un enjuiciamiento.

En diciembre de 2023, el JEM resolvió archivar las actuaciones, argumentando que la fiscal no contaba con causas penales abiertas ni estaba formalmente investigada dentro del expediente Pavo Real Py.

El archivo de la investigación preliminar no constituye una absolución penal, sino una decisión del órgano disciplinario de no avanzar con el enjuiciamiento de oficio. Tampoco debe interpretarse como una demostración de responsabilidad de Uemura en la estructura criminal investigada.

Sandra Trinidad, perfil operativo

Sandra Paola Trinidad Cassera completa la terna con 455,88 puntos.

Su trayectoria pública está relacionada principalmente con su trabajo como asistente fiscal en la Circunscripción Judicial de Amambay. Durante 2026, su nombre apareció en informes policiales y publicaciones locales vinculados a allanamientos, incautaciones de drogas y procedimientos de destrucción de cultivos de marihuana.

A diferencia de Uemura, su exposición mediática está relacionada con intervenciones operativas del Ministerio Público, sin que se hayan identificado controversias públicas de similar magnitud en los antecedentes disponibles.

Una fiscalía estratégica bajo escrutinio

La conformación de la terna plantea un escenario en el que la experiencia profesional, las calificaciones y los antecedentes de las candidatas adquieren una importancia especial.

Ortega llega con la mayor puntuación del concurso; Trinidad presenta una trayectoria vinculada al trabajo de campo; mientras que Uemura, pese a haber superado las actuaciones preliminares del JEM relacionadas con el operativo Pavo Real Py, mantiene un historial de denuncias y cuestionamientos que exige una evaluación rigurosa.

La controversia no radica en atribuirle una responsabilidad penal que no fue establecida, sino en determinar si los antecedentes de su desempeño profesional, las denuncias por presuntos conflictos de intereses y los cuestionamientos públicos constituyen elementos que deben ser ponderados al momento de seleccionar a quien tendrá a su cargo una unidad fiscal estratégica.

En una zona fronteriza atravesada por el crimen organizado, la confianza pública en el Ministerio Público resulta fundamental. La designación de la nueva agente fiscal deberá responder a criterios de idoneidad, transparencia e independencia, evitando que el proceso se limite exclusivamente a una evaluación numérica.