La imputación contra la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Beatriz Peralta Céspedes, por presuntamente utilizar documentos adulterados para aumentar puntajes en concursos ante el Consejo de la Magistratura, no es un hecho aislado. Es apenas una pieza más de un sistema profundamente enfermo.

Según la Fiscalía, también fueron imputados el exmagistrado Mario Brítez Ruiz Díaz, la exactuaria Schirley Paola Irala Leite, el asistente fiscal Adán Fredy Rolón Villareal, además del funcionario del Consejo de la Magistratura Rafael Prieto Quintana y el funcionario de la Escuela Judicial Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria. La sospecha es gravísima: utilización de certificados y documentos presuntamente falsificados para inflar méritos académicos y acceder a ternas judiciales.

Y aquí surge la pregunta que indigna a cualquier ciudadano común: ¿cómo puede alguien impartir justicia cuando ni siquiera habría respetado las reglas para llegar al cargo?

En Pedro Juan Caballero esto golpea todavía más fuerte. Porque la frontera vive diariamente bajo la presión del narcotráfico, del crimen organizado, del sicariato y de estructuras mafiosas que hace años penetran distintas instituciones. Y mientras la ciudadanía exige jueces firmes, preparados y honestos, aparecen denuncias que dejan la sensación de que algunos concursos judiciales pudieron haberse convertido en simples competencias de contactos, favores y documentos manipulados.

El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hace tiempo dejaron de transmitir confianza. Para gran parte de la ciudadanía, ambos organismos se transformaron en espacios altamente politizados, donde demasiadas veces pesan más las relaciones que los méritos reales. La percepción pública es devastadora: pareciera que quienes deben controlar el sistema terminan protegiéndose entre sí.

Y lo más grave es que ya casi nadie se sorprende.

Ese es el verdadero fracaso institucional del Paraguay.

Nos acostumbramos a escuchar sobre jueces investigados, fiscales vinculados a esquemas de corrupción, funcionarios sospechados de vender influencias y operadores políticos manejando instituciones que deberían ser técnicas e independientes. La indignación dura apenas unas horas y luego todo sigue igual.

Mientras tanto, el ciudadano común enfrenta una justicia lenta, desigual y muchas veces inaccesible. Para el poderoso existen operadores. Para el ciudadano, expedientes eternos.

La propia Corte Suprema de Justicia tuvo que convocar a Librada Peralta para presentar descargos sobre los hechos denunciados. Pero el problema ya supera a una sola jueza o a un grupo de funcionarios. El problema es estructural.

Porque cuando los organismos encargados de seleccionar, controlar y sancionar magistrados pierden credibilidad, todo el sistema se derrumba.

Y un país sin confianza en su Justicia queda peligrosamente cerca de quedar sin Estado.